La privatización de la Sanidad pública madrileña por parte del
Gobierno del Partido Popular está realizándose a pasos
agigantados. Todo indica que en el plazo de un año la totalidad
de centros de salud, de especialidades y todos los grandes
hospitales de la Comunidad de Madrid estarán privatizados.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid está tomado decisiones
que, amparadas en la Ley de Nuevas Formas de Gestión (Ley
15/97), suponen la dinamitación de un servicio público básico
como la Sanidad, que se transfiere a empresas privadas
financiadas con presupuesto público. El lucro privado, con
fondos públicos, se impone a la rentabilidad social,
consustancial a cualquier servicio público. Los procedimientos
utilizados son los siguientes:
La concesión de la construcción y la gestión por 30 años de los
8 nuevos hospitales a empresas privadas, la mayor parte de ellas
constructoras, que huyen así de la crisis del sector. Estas
empresas son Dragados, Sacyr (dos hospitales), Acciona, Begar-Ploder,
FCC, Hispánica y Apax Partners.
En estos nuevos hospitales el personal sanitario procederá en su
totalidad y se financiará por los hospitales públicos, que ya
estaban en una situación crónica de falta de medios, con camas
en los pasillos, urgencias abarrotadas e importantes listas de
espera. La puesta en marcha de Planes Directores en los grandes
hospitales públicos supone una reducción de un promedio 500
camas en cada uno de ellos.
La Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 2008 de la
Comunidad de Madrid otorga personalidad jurídica a todos los
grandes hospitales, requisito para la gestión por parte de
empresas privadas de todos ellos. Por todo esto, cabe hacerse
las siguientes preguntas:
¿Está garantizada la calidad de la atención sanitaria? Por
muchos motivos la respuesta es negativa. La apertura de nuevos
hospitales no supondrá un aumento sino una disminución de camas,
y no habrá más personal sanitario, ya que éste saldrá en su
totalidad de los antiguos hospitales.
La gestión privada, es decir, la búsqueda prioritaria del
beneficio, implica ahorro en recursos humanos y materiales y,
sobre todo, selección de riesgos. Este último principio se
asienta sobre un hecho determinante para la asistencia sanitaria
que practican implacablemente las aseguradoras privadas: el 10%
de la población –personas mayores y enfermos crónicos– consume
el 90% de los recursos. El negocio consiste en evitarlos a toda
costa.
El pago por cartilla sanitaria es una de las formas de
financiación pública a las empresas que gestionan la Sanidad
pública. La obtención de rentabilidad está determinada por la
reducción del gasto. La forma de hacerlo es la siguiente:
reducir personal, disminuir el número de especialistas,
precarizar los contratos e incentivar económicamente a los
médicos para dar altas precoces, reducir la indicación de los
medios diagnósticos más costosos, disminuir el ingreso de
pacientes o la derivación de los que exigen mayores gastos a
otros centros (públicos) etc.
La otra forma de financiación pública de la gestión privada es
el pago por actividad, procedimiento empleado en el caso de la
Fundación Jiménez Díaz-Capio-Apax Partners. Aquí se cambian las
tornas y el negocio está en incrementar todo lo posible la
actividad. El gasto, claro, se dispara.
El asunto que determina la aberración subyacente a la gestión
mediante empresas privadas de servicios públicos es la
sustitución del Derecho Público por el Derecho Privado en la
administración de fondos públicos. El Derecho Público establece
mecanismos de control e intervención del gasto dirigidos a
impedir la actuación arbitraria de las administraciones en la
gestión del patrimonio y los fondos públicos. El Derecho
Privado, que regula el funcionamiento del negocio empresarial,
obviamente, no los contempla. El propio interés empresarial,
dirigido a la obtención de beneficios con recursos propios,
procura la gestión eficiente de la empresa y se ocupa de evitar
gastos superfluos.
Ambos mecanismos desaparecen en la gestión privada de servicios
públicos. Los ejemplos del Hospital de Alzira y de las
fundaciones gallegas, que tuvieron que ser rescatados de la
bancarrota por las Consejerías de Sanidad respectivas, son una
buena muestra. De los indicadores de calidad asistencial
básicos, como son la mortalidad comparada, el índice de
infecciones hospitalarias, las remisiones a otros hospitales,
los indicadores de personal/cama, etc. que servirían para
comparar la calidad de la atención pública y privada, nada puede
decirse porque no se publican.
La siguiente pregunta es: ¿son legales todos estos cambios? Este
proceso de privatización de la Sanidad viene de lejos y se ha
llevado a cabo tanto durante los gobiernos del PSOE como del PP.
La clave de bóveda de todo él es la Ley de Nuevas Formas de
Gestión, que permite la gestión privada de cualquier centro
sanitario. Miles de personas están firmando para pedir su
derogación.
Se están introduciendo cambios decisivos en la Sanidad madrileña
sin que se esté dando información oficial ni a la ciudadanía, ni
al personal de los centros sanitarios, acerca de las ventajas de
uno u otro modelo. Está en juego uno de los servicios sociales
públicos fundamentales, como la Sanidad, que hasta ahora
garantizaba que, todas las personas –precisamente cuando los
necesitamos más porque somos mayores y/o tenemos enfermedades
que demandan más recursos– pudiéramos ser debidamente atendidos.
Es hora de informarnos, debatir y actuar en consecuencia para
defender algo que constituye una conquista social indispensable.
Ángeles Maestro es médico y ex diputada portavoz de Sanidad en
el Congreso
